Guía completa: ¿Es posible llevar la aprobación de ejecuciones adicionales por una entidad a conciliación, arbitraje o JRD?
Introducción a la Resolución de Disputas en Contrataciones Públicas en Perú
Dentro del marco legal peruano, las contrataciones del Estado están sujetas a un exhaustivo marco regulatorio diseñado para garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, en este contexto complejo y detallado, surge una pregunta relevante para los contratistas y la entidad estatal: ¿Es posible someter la decisión de aprobar ejecuciones de prestaciones adicionales a procesos de conciliación, arbitraje o a la Jurisdicción de Resolución de Disputas (JRD)? Este artículo busca explorar en profundidad este interrogante, brindando una visión integral y detallada conforme a la legislación peruana vigente.
El Marco Legal de las Prestaciones Adicionales en los Contratos de Obra
Para comprender si la decisión de aprobar ejecuciones de prestaciones adicionales puede ser objeto de conciliación o arbitraje, es esencial revisar el marco legal aplicable. La Ley de Contrataciones del Estado, así como su reglamento, establecen los lineamientos bajo los cuales se ejecutan las contrataciones públicas, incluyendo las adicionales o variaciones al contrato original.
- Ley de Contrataciones del Estado: Estipula los principios y procedimientos para las contrataciones públicas.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: Detalla los procedimientos, requisitos y condiciones para la ejecución de los contratos, incluidas las prestaciones adicionales.
Cabe resaltar que, una prestación adicional necesita justificación técnica y económica para su aprobación, asegurando que estas no sean producto de una deficiencia en la planificación o una conducta inadecuada por parte del contratista. Esta necesidad de justificación abre el debate sobre si decisiones relativas a las mismas pueden ser llevadas a instancias de resolución de disputas.
Análisis de la Conciliación y el Arbitraje en el Marco de las Prestaciones Adicionales
La conciliación y el arbitraje son mecanismos de solución de controversias previstos por la legislación peruana para resolver disputas fuera del ámbito judicial. Estos mecanismos son altamente valorados por su eficacia y confidencialidad, pero ¿son aplicables a las decisiones sobre prestaciones adicionales?
La Conciliación
Este mecanismo consiste en que las partes, con ayuda de un conciliador, buscan llegar a un acuerdo satisfactorio. En el contexto de contrataciones públicas, la normativa peruana permite la conciliación como una ruta previa al arbitraje, incluyendo disputas relacionadas con ejecuciones de prestaciones adicionales, siempre y cuando estas no comprometan la ética administrativa o se sospeche de fraude.
El Arbitraje
Respecto al arbitraje, es un procedimiento más formal donde un tercero imparcial, el árbitro, decide sobre la disputa. La legislación peruana reconoce el arbitraje como un medio idóneo para resolver controversias en contrataciones del Estado, incluyendo aquellas vinculadas a prestaciones adicionales, bajo ciertas condiciones y limitaciones, como la necesidad de agotar previamente las vías administrativas correspondientes.
La Jurisdicción de Resolución de Disputas (JRD)
La JRD es un mecanismo recientemente implementado en algunas jurisdicciones legales, orientado específicamente a resolver disputas relacionadas con contratos de infraestructura pública de una manera rápida y especializada. Aunque Perú no cuenta con un sistema de JRD propiamente dicho en su legislación para contrataciones públicas, la figura del arbitraje actúa como un mecanismo similar, proporcionando un foro especializado para la resolución de disputas contractuales, incluidas las relacionadas con prestaciones adicionales.
Consideraciones Prácticas para la Resolución de Disputas sobre Prestaciones Adicionales
Ante el dilema de si es adecuado o no someter a conciliación, arbitraje o JRD la decisión de una entidad sobre la ejecución de prestaciones adicionales, hay consideraciones prácticas y estratégicas que las partes deben evaluar:
- Revisión exhaustiva del contrato: Es fundamental que el contrato estipule claramente las condiciones bajo las cuales se pueden solicitar y aprobar prestaciones adicionales, así como los mecanismos de resolución de disputas aplicables.
- Justificación adecuada: Toda solicitud de prestación adicional debe estar debidamente justificada, tanto técnicamente como en términos de costos, para evitar controversias.
- Comunicación efectiva: Mantener una comunicación abierta y transparente entre la entidad contratante y el contratista puede prevenir muchos conflictos relacionados con prestaciones adicionales.
- Exploración de mecanismos alternativos: Antes de recurrir a la conciliación o arbitraje, puede ser beneficioso explorar otros mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC), como la mediación o la negociación directa.
La solución a la pregunta inicial sobre si es posible someter a conciliación, arbitraje o a la JRD la decisión de una entidad de aprobar la ejecución de prestaciones adicionales es, por lo tanto, multifacética. Depende en gran medida del caso específico, la naturaleza de la disputa y las estipulaciones del contrato. Sin embargo, la legislación peruana brinda un marco que, bajo las condiciones adecuadas y respetando los procedimientos establecidos, permite estas formas de resolución de disputas para asegurar la justa ejecución y compensación dentro de los proyectos de contratación pública.
