El inicio del proceso penal: Desgranando la Investigación Preparatoria
La justicia penal en Perú se rige por una serie de etapas procesales que garantizan, o al menos buscan hacerlo, la transparencia y la correcta aplicación de la ley. Entre estas etapas, una de suma relevancia es la Investigación Preparatoria, un periodo donde la fiscalía realiza un trabajo exhaustivo para reunir los indicios y pruebas necesarios que permitan esclarecer un hecho delictivo. En este escenario, el Ministerio Público se constituye como el director de esta fase, asumiendo un papel crucial para el desenlace del proceso.
Pero, ¿cuál es su propósito específico? La Investigación Preparatoria, cuya definición se halla en el Código Procesal Penal del país, tiene el cometido esencial de preparar el terreno para un potencial juicio oral. Es en este período donde se decide si existe fundamento suficiente para acusar a una persona y llevarla a juicio o si, por el contrario, se debe archivar el caso por falta de pruebas.
A lo largo de este ciclo, es imprescindible resaltar distintas actividades que realiza el fiscal, como la toma de declaraciones, la incautación de objetos vinculados al delito y la solicitud de peritajes y exámenes que puedan contribuir a la futura imputación o descarte de la hipótesis criminal. Todas estas operaciones responden al objetivo de clarificar los hechos, identificar a los responsables y recopilar la evidencia de manera lícita y respetuosa con los derechos fundamentales de los involucrados.
Duración y Desarrollo
La duración de esta fase está pensada para ser lo más breve posible pero, a su vez, lo suficientemente amplia para no dejar ningún detalle al azar. Según el Código Procesal Penal, la Investigación Preparatoria tiene un plazo máximo de ocho meses para delitos menos complejos, pudiendo ampliarse hasta treinta y seis meses en casos de mayor complejidad, bajo ciertas circunstancias justificadas.
Actores y derechos involucrados en la etapa indagatoria
En la Investigación Preparatoria interactúan diversos actores clave cuyos roles son delineados con precisión en la normativa. El fiscal, como ya se mencionó, es el conductor de este proceso, pero no actúa solo. La Policía Nacional del Perú cumple la función de apoyo en las tareas investigativas siguiendo las directrices del Ministerio Público. Además, el imputado y su defensa tienen la posibilidad de presentar pruebas, proponer diligencias y participar activamente, ejerciendo su derecho a la defensa desde el principio del proceso.
Sin embargo, no solo se debe pensar en la figura del presunto culpable. Las víctimas y testigos también poseen un papel trascendental, siendo protegidos por dispositivos legales que aseguran su derecho a colaborar sin sufrir amenazas o represalias. La ley ampara a estos grupos mediante mecanismos como la reserva de identidad y otras medidas de protección.
En este panorama, se debe subrayar la importancia de que todos los actos respecten el principio de legalidad y procurar la protección de derechos como la presunción de inocencia y el debido proceso. El sistema acusatorio adversarial adoptado en el Perú refuerza la importancia de la preservación de los derechos fundamentales en cada una de sus fases.
Derechos del Imputado
- Presunción de inocencia: Nadie puede ser considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario.
- A ser informado: De los cargos que se le imputan y de los derechos que le asisten en su defensa.
- Derecho a no declarar: O a hacerlo solo en presencia de su abogado.
- Intervención de un abogado: A contar con asistencia legal durante todo el proceso.
Proyección y efectos de la conclusión de la fase exploratoria
Una vez culminada la Investigación Preparatoria, se despliegan una serie de consecuencias jurídicas significativas para todas las partes implicadas. Si el fiscal determina que la información recopilada es suficiente, procederá a formular la acusación en contra del imputado, instando la apertura del juicio oral. De lo contrario, puede solicitar el archivo del caso, lo que pone fin al proceso penal en ausencia de pruebas concluyentes que justifiquen una acusación formal. No obstante, el archivo no es definitivo y el proceso puede ser reabierto si surgen nuevos elementos de convicción.
La defensa, por su lado, puede pedir la exclusión de ciertos elementos probatorios recolectados de manera irregular, velando por una indagación limpia y respetuosa de los derechos de su patrocinado. Asimismo, el acusado tiene la opción de optar por una salida anticipada del proceso, ya sea a través de un acuerdo reparatorio con la parte afectada o mediante la aceptación de un procedimiento abreviado, lo que podría eventualmente llevar a la atenuación de la pena.
Está claro que la Investigación Preparatoria es mucho más que un mero trámite; es el fundamento sobre el cual se edifica o desmorona la teoría del caso tanto de la fiscalía como de la defensa. Por esta razón, resulta ser un período de intensa actividad jurídica y de vital importancia para la protección de los derechos individuales y la construcción de una sociedad que confía en su sistema de justicia.
Impacto sobre las partes
- Potestad del fiscal para impulsar la acción penal o desistir de ella.
- Posibilidad de la defensa de solicitar medidas cautelares o retardos innecesarios.
- Oportunidad de la víctima de intervenir y presentar sus pretensiones resarcitorias.
