El impacto de las modificaciones legales en la custodia de menores
Desde la promulgación de la reciente reforma en cuanto a la custodia de hijos en el Perú,
han surgido diversas opiniones y situaciones que ameritaban un análisis profundo. Esta es una medida que busca
considerar de mejor manera el bienestar de los niños y adolescentes involucrados, observando con detenimiento el contexto
y las capacidades de cada progenitor frente a la responsabilidad parental.
Consideraciones generales de la reforma de la custodia
La nueva estructura legal sobre la custodia compartida, tiene como principio fundamental
el interés superior del niño, en consonancia con lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño,
a la que Perú es estado parte. Así, ante la disolución de una relación de pareja con hijos en común, se deberá
primar la continuidad y estabilidad en la vida del menor, lo cual incluye mantener una relación constante y
significativa con ambos padres, siempre que esto contribuya a su desarrollo integral y no represente algún riesgo.
Al contemplar la aplicación de esta reforma orientada a la protección de los menores, es
vital entender que la misma implica una serie de consideraciones judiciales que evalúan diversos factores, tales como:
- La capacidad económica, emocional y de cuidado de cada progenitor.
- Las necesidades específicas de cada menor de edad.
- La proximidad geográfica de los domicilios de los padres.
- Las posibles situaciones de riesgo o vulnerabilidad para el menor.
La reforma también ha sido un reflector sobre la igualdad de género en el Perú, al desestimar presupuestos obsoletos
que tendían a favorecer a la madre en la custodia exclusiva sin evaluar de manera equitativa la situación y
capacidad del padre. Ahora, la ley pone énfasis en que ambos géneros tienen igual capacidad y derecho para ejercer la custodia,
pivote fundamental para una sociedad en busca de la equidad.
Desafíos y adaptaciones en la ejecución de la nueva normativa
La puesta en marcha de cualquier reforma implica retos no solo en la comprensión y aplicación práctica de la misma sino también en la adaptación
social y cultural, lo que no ha sido ajeno al caso de la custodia de los hijos en Perú.
Desde el poder judicial hasta los propios familiares deben involucrarse para afrontar estos cambios con la seriedad y dedicación que se merece.
Particularmente, el sistema judicial peruano ha estado bajo la lupa de la necesidad de asegurar un proceso transparente y equitativo, que pueda
absorber los casos con la delicadeza requerida y emitir resoluciones que verdaderamente resguarden los derechos de los menores. Esto también exige
de los operadores de justicia, una formación continua y actualizada para interpretar adecuadamente la normativa vigente.
En el contexto familiar, el reto está en entender que la custodia compartida no es
una herramienta de lucha entre los ex cónyuges, sino un mecanismo legal que busca el bien superior de los hijos, priorizando
sus necesidades y desarrollo personal sobre los conflictos de pareja. La responsabilidad ahora es compartida de una manera más justa,
lo que conlleva un proceso de aprendizaje y adaptación para los padres.
Además, es de destacar que los procesos de custodia pueden traer consigo situaciones emocionales difíciles para todas las partes involucradas. Por ello,
no es raro que se acompañen con una asesoría psicológica que ayude a las familias a transitar estos momentos con la menor cantidad de estrés posible.
Es también relevante el rol que juegan las instituciones de apoyo social que pueden orientar a las familias durante la transición hacia la nueva configuración familiar,
asesorando y proporcionando recursos que faciliten la comprensión y aplicación de las directrices impuestas por la ley.
Frente a estos desafíos, se han ido desarrollando estrategias y programas que persiguen minimizar el impacto de los cambios y asegurar que la transición hacia
la nueva disposición legal sea lo más amena posible:
- Fomento de programas de mediación familiar para resolver conflictos de forma pacífica y constructiva.
- Capacitaciones y talleres dirigidos a los padres para manejar la coparentalidad de forma efectiva.
- Formación especializada y continua para jueces y abogados en materia de custodia y derechos del niño.
- Intervenciones de asistencia social y apoyo psicológico a los miembros de la familia.
