Guía completa sobre cómo se aplica la ley penal más favorable a tu caso

Principios fundamentales de la justicia penal en Perú: La retroactividad de la ley más benigna

En el sistema de justicia penal peruano, uno de los principios más relevantes es, sin dudas, aquel que estipula que debe aplicarse retroactivamente la ley penal que beneficie al procesado, independientemente de la fecha en que se cometió el delito. Este principio, intrínsecamente ligado a los derechos humanos y a la búsqueda de un proceso justo y equitativo, permite una reevaluación constante de las penas y medidas aplicadas con base en las normas vigentes en el momento de la decisión judicial.

En el corazón de este principio se encuentra la noción de que la ley más favorable al procesado debe ser aplicada, incluyendo aquella que haya entrado en vigor después de haberse cometido el acto punible. Esta se basa en varias razones fundamentales:

• Humanización del derecho penal: La evolución de las leyes penales frecuentemente apunta a una mayor humanización y racionalidad en las penas. La aplicación de estas normativas más modernas y posiblemente menos severas a hechos pasados contribuye a este fin.
• Reconocimiento de los cambios sociales y normativos: La sociedad no se mantiene estática, y el derecho debe adaptarse a sus cambios. Aplicar la norma más favorable es un reconocimiento de que la percepción social y legal sobre ciertos comportamientos puede variar con el tiempo.
• Reafirmación del principio de individualización de la pena: Este principio permite que las circunstancias personales del reo sean tomadas en cuenta, asegurando que la sanción sea verdaderamente proporcionada no solo al delito sino también al contexto y a la persona.

El artículo 2 del Código Penal Peruano se hace eco de esta premisa, estableciendo que “la ley penal aplicable es aquella vigente en el momento de la comisión del delito, salvo que una nueva ley favorezca al procesado”, lo cual subraya el compromiso del sistema judicial peruano con la justicia y la equidad.

Este principio, conocido también como la retroactividad de la ley penal más favorables, despliega sus efectos más allá de la pura aplicación de penas, involucrando también la manera en que se clasifican los delitos y se interpretan ciertos fundamentos legales. En este nuevo contexto, la capacidad para discernir y aplicar debidamente dicha norma favorable se convierte en un desafío jurídico y moral para los operadores de justicia.

Aplicación en delitos de diversa naturaleza

La flexibilidad de este principio permite su aplicación en una amplia variedad de delitos. Así, tanto en infracciones de orden patrimonial como aquellos delitos que afectan la integridad física o moral de las personas, la ley penal más beneficiosa tiene potencial de ser aplicada. Cabe mencionar, sin embargo, que la interpretación y aplicación de este postulado requiere de una exhaustiva evaluación de los hechos y una profunda comprensión del derecho penal y sus principios.

Desafíos y perspectivas en la aplicación de la normativa más benigna

Aunque el principio de aplicación de la ley más favorable es ampliamente reconocido y valorado dentro del sistema legal peruano, su ejecución no está exenta de desafíos. Estos obstáculos se manifiestan tanto en el plano conceptual, esto es, en la interpretación de lo que se considera “más favorable”, como en el plano práctico, en la aplicación efectiva de dicho principio a casos concretos.

Entre los retos más significativos se encuentran:

• La subjetividad en la interpretación: Lo que para un juzgador puede constituir una ley más favorable, para otro puede no serlo, dada la subjetividad inherente a cualquier proceso interpretativo. Esto abre la puerta a discrepancias y, en consecuencia, a posibles injusticias.
• Variabilidad de la jurisprudencia: La jurisprudencia, como fuente de derecho, es dinámica y puede variar significativamente con el tiempo, lo cual puede complicar la determinación de cuál ley es efectivamente más beneficiosa para el reo.
• Determinación del momento de la aplicación: Establecer el momento preciso en que debe considerarse aplicable la norma más favorable puede generar confusiones, especialmente si durante el proceso judicial entran en vigencia nuevas normas que podrían considerarse más benignas.

Frente a estos desafíos, el sistema de justicia peruano no ha permanecido indiferente. Varias iniciativas buscan clarificar y mejorar la aplicación de este principio. Por un lado, la formación continua de jueces y fiscales garantiza una mejor comprensión y un enfoque más uniforme en la aplicabilidad de la norma más favorable. Por otro lado, la creación de herramientas y protocolos específicos para la evaluación de la favorabilidad de las leyes busca estabilizar los criterios de aplicación y minimizar la subjetividad.

Adicionalmente, es fundamental el rol que juegan las cortes superiores y el Tribunal Constitucional en la consolidación de un cuerpo jurisprudencial que sirva de guía para la interpretación y aplicación de este principio. Estas instancias, mediante sus resoluciones, configuran un marco interpretativo que sirve de orientación para los operadores de justicia a nivel nacional.

En retrospectiva, mientras que la aplicación de la ley más favorecedora representa uno de los pilares del estado de derecho y un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales de los individuos frente al poder punitivo del Estado, también es un constante recordatorio de que toda normativa legal debe ser comprendida y aplicada dentro de un contexto que considere la justicia, equidad y humanidad. En este sentido, el principio no solo es un mecanismo de protección para el individuo sino también un desafío permanente para el sistema de justicia peruano, que debe equilibrar adecuadamente la aplicación de las leyes con el respeto irrestricto por los derechos humanos.

La tarea de aplicar la ley penal más benévola implica una reflexión continua sobre la funcionalidad y la justicia del sistema penal en su conjunto. Encarna la aspiración a un derecho penal más justo y humanizado, que no pierde de vista su objetivo primordial: la protección de la sociedad, la rehabilitación del delincuente y la prevención de futuros delitos. Es un claro ejemplo de cómo la justicia penal en Perú, mediante la evolución de su legislación y la interpretación de sus principios fundamentales, busca equilibrar la necesidad de seguridad con el respeto a los derechos fundamentales, avanzando hacia un sistema penal más justo y equitativo para todos sus ciudadanos.