Inicio de un Recorrido: La Batalla Judicial y Social Contra la Violencia de Género
La Respuesta del Sistema Judicial Peruano
En tiempos recientes, la violencia de género ha tomado relevancia en la esfera pública nacional e internacional, convirtiéndose en una problemática que demanda acción inmediata y contundente. La sociedad peruana, enfrentada a cifras alarmantes de casos de violencia contra la mujer, busca respuestas acerca de las medidas que el Estado se compromete a implementar para su erradicación. Interrogantes sobre la posición y las directrices del Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al respecto se han vuelto moneda común entre los sectores interesados en el bienestar social y la equidad de género.
La Corte IDH ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que los Estados tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En tal sentido, la legislación peruana, influenciada por tratados internacionales y jurisprudencia supranacional, ha visto una evolución tangible con la introducción de leyes orientadas a proteger los derechos de las mujeres y demás individuos afectados por la violencia de género.
Además, es crucial entender que las medidas de eficacia no solo implican una adecuada respuesta judicial sino también la implementación de políticas preventivas y educativas que promuevan la igualdad y el respeto. La educación en valores, desde los primeros niveles escolares, se considera un pilar fundamental en este esfuerzo conjunto.
- Ley N° 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
- Ley N° 27942 – Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.
- Decreto Legislativo N° 1353 que crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia y la Defensoría de la Mujer.
Intersecciones y Contextos: Entendiendo la Complejidad de la Violencia de Género
Poblaciones Vulnerables y Normativa Vigente
El abordaje de la violencia de género no puede ser homogéneo, debido a que afecta de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad. En ese entendimiento, los pueblos originarios, las mujeres rurales, las integrantes de la comunidad LGTBIQ+ y otros colectivos, requieren de una protección especial que contemple su contexto y necesidades específicas.
La Corte IDH ha recalcado la importancia de considerar estas circunstancias al momento de proveer medidas de protección y justicia. Los datos estadísticos en Perú corroboran la urgencia de este enfoque diferenciado, pues muestran índices de violencia más elevados en estos sectores poblacionales.
- Adoptar un enfoque interseccional en la creación de políticas públicas.
- Fortalecimiento de instituciones que garanticen la seguridad y justicia para los grupos vulnerables.
- Mayor inversión en programas educativos que fomenten la igualdad de género y la no discriminación.
En efecto, la labor del Estado peruano para hacer frente a esta pandemia social va más allá de la creación de leyes; se trata de un esfuerzo sostenido y sistemático que involucra la mejora constante del sistema judicial y de seguridad, así como el compromiso por parte de todos los actores sociales para generar un cambio cultural que desapruebe y sancione todo tipo de violencia de género.
La comunidad internacional, con la Corte IDH a la vanguardia, vigila y evalúa constantemente las respuestas estatales frente al flagelo de la violencia, procurando establecer una doctrina clara y firme sobre la responsabilidad gubernamental en la prevención y erradicación de estos actos violatorios de los derechos humanos.
No obstante, conscientes de que la lucha contra la violencia de género es multifacética, otras entidades como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y organizaciones no gubernamentales juegan un rol clave en la atención directa a las víctimas y en la promoción de una sociedad libre de prejuicios y estereotipos nocivos.
En síntesis, el camino hacia una sociedad peruana sin violencia de género es una travesía que involucra múltiples frentes: desde la esfera legal y politica hasta la corresponsabilidad ciudadana en la promoción de valores de igualdad y respeto. Se trata, sin duda, de una empresa compleja pero indispensable, que demanda nuestro compromiso y participación continuos.
