Fiscal Superó la Violencia Psicológica pero le Negaron Protección: Caso de Debida Diligencia y Anulación de Sentencia [Casación 1852020 Selva Central]

El Marco Legal de la Violencia de Género en el Perú

El Perú ha desarrollado una serie de normativas que buscan combatir la violencia de género. Se han creado leyes y mecanismos de protección, como la Ley N° 30364, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normas continúa siendo un reto significativo. En la práctica, aún se observan situaciones donde, a pesar de haber denuncias por violencia psicológica, no se otorgan medidas de protección adecuadas por la carencia de pruebas.

Un caso particular es reflejado en la Casación 185-2020 Selva Central, donde una sentencia fue anulada al no haberse ordenado de oficio las pruebas necesarias, mostrando la importancia de la debida diligencia en el procedimiento legal.

Esta realidad demuestra que aunque el marco legal existe, su aplicación efectiva puede encontrarse con obstáculos. Es responsabilidad de las autoridades asegurar que estos mecanismos legales funcionen correctamente para brindar la protección y justicia que las víctimas merecen.

La Debida Diligencia y su Rol en la Protección de Derechos

El concepto de debida diligencia es fundamental en la legislación internacional de los derechos humanos y se ha integrado en la legislación peruana como un estándar esencial para la protección de las víctimas de violencia de género. Esta obliga a las autoridades a actuar con la máxima precaución y a llevar a cabo todas las acciones necesarias para prevenir y responder al daño o violación de derechos.

Ejemplos de Aplicación de la Debida Diligencia

• Investigar de manera exhaustiva las denuncias de violencia.
• Proteger a las víctimas durante y después de haber presentado la denuncia.
• Adjudicar sanciones apropiadas a los perpetradores.

Un ejemplo palpable es el precedente de la Casación mencionada previamente: La necesidad de que, ante una denuncia, el Estado debe actuar de oficio en la búsqueda y recolección de pruebas, sin dejar toda la carga de la prueba en la víctima.

Impacto Psicológico de la Violencia de Género y el Sistema Judicial

La violencia psicológica tiene un impacto profundo y duradero en las víctimas, y debe ser tomada con suma seriedad por el sistema judicial. El apoyo emocional y la protección del estado son cruciales para su recuperación. Sin embargo, casos como el de la Casación 185-2020 Selva Central, donde las medidas de protección se ven obstaculizadas por falta de evidencia tangible, ponen en evidencia la necesidad de un enfoque más humano y proactivo por parte de las autoridades.

El sistema judicial debe adaptarse para comprender y actuar acorde a la complejidad de la violencia de género, que en muchas ocasiones no deja marcas físicas pero sí secuelas emocionales profundas.

La Protección Integral como Meta de la Política de Género

El fin último de la política de género es la protección integral de todas las personas, independientemente de su sexo. En la legislación peruana, esto implica no solo la prevención de actos de violencia sino también una adecuada respuesta legal ante estas situaciones.

La protección integral abarca:

1. Prevención a través de educación y sensibilización.
2. Atención inmediata y eficaz a las víctimas.
3. Procesos legales justos y efectivos para los acusados.
4. Recuperación y reinserción social de las víctimas.

El Estado peruano aspira a lograr esta protección de la mano con organismos internacionales y la sociedad civil, mejorando continuamente los mecanismos y recursos disponibles para quien los necesite.

Desafíos para el Futuro en la Legislación de Violencia de Género

Los desafíos que enfrenta el Perú respecto a la violencia de género son claros: mejorar la aplicación de las leyes existentes, perfeccionar los procesos de recepción de denuncias y asegurar que existan suficientes medios para que las pruebas sean recolectadas adecuadamente.

La reforma y capacitación constante de la policía y el sistema judicial son esenciales para abordar correctamente casos como los denunciados por la fiscalía pero desestimados por falta de pruebas. Asimismo, es necesario crear un clima en el que las víctimas se sientan seguras y apoyadas para salir adelante y denunciar sin miedo a ser revictimizadas.

Teniendo en cuenta casos emblemáticos como el de la Casación 185-2020 Selva Central, debemos reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden sentar precedentes para el fortalecimiento del sistema legal en defensa de los derechos humanos.